Los colectivos de investigadores e investigadoras que hacemos parte de la RED AMLAT, plataforma de investigación en Comunicación, Educación, Ciudadanía e Integración Latinoamericana, que está activa en universidades de Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela, nos unimos a quienes han levantado su voz en el continente y en otros territorios, para denunciar la violencia que el gobierno de Colombia ha desatado contra los diversos sectores sociales, que, a partir el 28 de abril de 2021, se han convocado a un gran Paro Nacional y a movilizaciones en las principales ciudades del país en contra, principalmente, de la reforma tributaria que el gobierno de Duque ha querido imponer a sangre y fuego.
El pliego de peticiones de las demandas sociales incluye, además, un amplio listado que atañe a puntos sobre la política económica y social llevadas adelante por el gobierno, al cumplimiento de acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, con los pueblos indígenas y afrocolombianos en medio de las movilizaciones; la revisión de la política de seguridad vigente, de derechos humanos y lo concerniente a los asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales, así como de excombatientes de las FARC; temáticas ligadas a la reforma política y electoral, normas y medidas para luchar contra la corrupción; y el pedido para profundizar el diálogo de paz con la única fuerza guerrillera ahora vigente, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. Es preocupante la acción represiva que violenta los más elementales derechos humanos y civiles. Cientos de personas continúan desaparecidas desde que salieron de sus casas a manifestarse en las calles colombianas. La represión de las fuerzas policiales es brutal. La protesta social ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública. Organizaciones de derechos humanos han registrado, entre el 28 de abril y el 05 de mayo, un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía, y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.
A la violencia directa de las fuerzas policiales se une la violencia simbólica que se expresa en el discurso mediático que criminaliza las luchas sociales al denominarlas como vandalismo, a la vez que alimenta el “fantasma del enemigo interno”; estrategia discursiva con la cual se justifica cualquier exceso, en nombre de una supuesta defensa al estado de derecho democrático. Desde nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos latinoamericanos, investigadores y educadores, rechazamos de manera contundente toda esa ola violencia contra el pueblo colombiano, que tiene pleno derecho de luchar para garantizar una vida digna y ejercer sus derechos fundamentales. Manifestamos nuestra solidaridad con los diversos sectores sociales (mujeres y hombres indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes y otros) que se mantienen movilizados en las calles de Colombia. Denunciamos el silencio cómplice o la distorsión de los medios hegemónicos frente a la gravedad de los abusos referidos, al mismo tiempo que aplaudimos las voces de denuncia que se viabilizan a través de los medios de comunicación comunitarios-alternativos y de las redes sociales electrónicas.
Los movimientos sociales del hermano país y el pueblo colombiano, en general, cuentan con el apoyo solidario de los pueblos de Abya Yala, que siempre se han movilizado, se movilizan y se movilizarán por las utopías de la emancipación.
¡La hora de Colombia es la hora de los pueblos!